El proyecto aprobado hoy por el Consejo de Ministros se centra en aspectos productivos del monte que benefician a reducidos intereses sectoriales y relega el interés público y las funciones sociales y ambientales de los sistemas forestales. Desmonta avances de la ley anterior, como la necesidad de que todos los montes tuvieran plan de gestión o la prohibición de que fuera posible cambiar el uso del suelo en montes incendiados.
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